La reforma del sector público: un buen motivo para concertar
Lic. Pablo Fontdevil [1]
Una rápida mirada sobre los últimos 20 años de historia, más precisamente desde 1983, nos permite visualizar todos los logros alcanzados y albergar un moderado optimismo para resolver una de las deudas pendientes que tiene la sociedad argentina: construir un Estado solidario, moderno, federal, ágil y eficiente.
A la recuperación democrática y a la plena vigencia de las instituciones pudimos ya en los ´90 sumarle tres logros de importancia: derrotar la hiperinflación, alcanzar la estabilidad de precios y encauzar importantes avances en materia de reforma del Estado. Pero aún quedan varios temas para resolver como el desempleo, la seguridad, la falta de equidad social y la continuidad en la modernización del Estado.
De estos logros surge nuestro moderado optimismo. Si se pudo resolver estos temas con éxito, seguramente también podremos llevar adelante todo lo pendiente.
El contexto de fuerte endeudamiento externo y desequilibrio fiscal que enfrenta nuestro país no debe inmovilizarnos para renovar esfuerzos en la reforma del sector público. Por el contrario, llevar a buen puerto este proceso, con capacidad de liderazgo y decisión política, así como con consensos que le permitan perdurar en el tiempo, ayudará a crear un país mejor para todos.
Porque derrotar el flagelo de la pobreza o garantizar una sociedad mas justa dependen fuertemente de la capacidad de gestión de un sector publico transformado
Pacto Federal de Modernización Social
Durante estos años, dos posiciones claramente enfrentadas nos han hecho perder de vista el foco del problema. Por una parte, los que pretenden demonizar el accionar del Estado, culpándolo de todos los males que aquejan a la sociedad argentina y por otra, aquellos que intentan que continúe, agazapadamente, el Estado prebendario.
Ambas posiciones conspiran con las nuevas funciones y objetivos que debe tener el sector público.
Durante la campaña para elegir al presidente de los Argentinos en 1999, desde el Justicialismo proponíamos que... “la transformación del Estado constituye una de las tareas políticas más importantes en la década que comienza. Implica un cambio de gran profundidad que va más allá de la reorganización administrativa de las oficinas públicas. Hoy necesitamos poner un Estado Joven al servicio de la gente. Que se asegure que la economía crezca y que ese crecimiento alcance a todos. Que no deje a ningún ciudadano al margen de sus beneficios. Que capacite y proteja a quienes lo necesitan. Cuando hablamos del Estado no nos referimos a aquélla institución que va resolver los temas sin la participación de la gente. Estamos hablando de una sociedad en la que se articulen, con solidaridad, con creatividad, con competencia, el Estado, la comunidad y cada una de las personas”.
Retomando estas propuestas, creemos que las mismas deberían traducirse en un nuevo Compromiso Federal de Modernización Social, que contenga como eje principal el fortalecimiento de la capacidad de hacer del Estado Argentino. No podemos olvidar que las principales sociedades democráticas del mundo, con altas tasas de crecimiento económico y niveles importantes de equidad social, poseen un Estado protagonista.
Este compromiso involucraría un cambio en la relación de los tres niveles de gobierno con la sociedad argentina, esto es definir las nuevas misiones de organismos, las responsabilidades y la apertura de nuevos espacios de control social.
Dando cumplimiento al mandato de la reforma constitucional de 1994, debería concertarse con las provincias un nuevo sistema de distribución de los recursos –coparticipación- que incluya un nuevo sistema de Coordinación Financiera y Fiscal, en función de los costos reales de provisión de servicios en cada una de las jurisdicciones, con un acuerdo explícito de fuerte disminución del gasto improductivo, en un lapso prudente de tiempo.
Desde el punto de vista de los ingresos fiscales, es menester redefinir un nuevo perfil en donde se prioricen los criterios de disminución progresiva de la carga impositiva actual; acordar con las provincias un nuevo sistema de gestión tributaria e incorporar progresivamente de criterios de correspondencia fiscal entre las tres jurisdicciones.
Tenemos que profundizar el federalismo. El Estado nacional debe continuar el proceso de descentralización, pero sin repetir algunos errores del pasado. Debemos dotar a los estados provinciales y municipales no sólo de los recursos necesarios, sino también de una capacitación adecuada que les permita ganar calidad en su gestión, de manera de garantizar servicios de calidad en todas las regiones de nuestro país, respetando sus particularidades.
En cuanto a los procesos administrativos, debemos incorporar toda la experiencia internacional. Tenemos que fijar metas y objetivos, incorporar nuevos criterios de remuneración que premien a los más capaces, sin perder de vista que, si no involucramos a la sociedad en su conjunto, corremos el riesgo de que los cambios se diluyan en el tiempo.
En este proceso de reforma, no pueden permanecer ajenos los restantes poderes del Estado, el Congreso de la Nación y el Poder Judicial. En conjunto debemos diseñar los mecanismos e instrumentos para que también estos dos poderes fundamentales de la República ganen en eficiencia.
En la era de las tecnologías de la información por lo demás, aspiramos a un creciente liderazgo del sector público en el cambio cultural que supone subir la Argentina al tren de la historia. Firma digital, despapelización creciente, (expediente digital), respaldo a la innovación tecnológica en los procesos administrativos, modernización de estos son parte de los nuevos paradigmas deseables.
Un párrafo aparte nos merece el tema de la corrupción. Debemos atacarla en todos los frentes en que se presente. Esto implica dotar a los procesos de mayor simplificación y horizontalidad, generando mecanismos de control cuyo núcleo principal sea la participación de la sociedad civil.
Pero esta necesaria reforma en los controles de proceso se diluiría en el tiempo si no actuamos con decisión para mejorar la relación entre la política y la sociedad. Para ello resulta indispensable llevar adelante la reforma política iniciada con la reforma del ’94, reglamentando la ley de financiamiento de partidos políticos, estableciendo internas abiertas simultáneas para candidatos a cargos electivos y disminuyendo el tiempo de las campañas electorales.
Este Compromiso de Modernización que proponemos podría constituirse en una herramienta de utilidad para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios, disminuir el nivel de gasto y mejorar los niveles de equidad. El actual mapa político del país abre una buena oportunidad para llevar adelante este proceso.
[1] El autor fue Secretario de la Función Pública de la Presidencia de la Nación (1992-1993) y miembro del Comando Nacional de Campaña Duhalde-Ortega en 1999. Es actualmente Diputado Nacional por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.