La profesionalización de la policía: implementación de nuevas herramientas en la provincia de Mendoza y San Luis
Patricia Gorri
Viviana C. Aidar
INTRODUCCION
El agotamiento del modelo de seguridad tanto a nivel nacional como mundial, junto con otros procesos como los de integración económica en diferentes regiones del globo y las transiciones a las democracias, han permitido una profunda revisión de las diferentes concepciones militaristas de la seguridad, como era la doctrina de seguridad nacional, dando pie a una serie de nuevas opciones y concepciones que expresan la búsqueda de un nuevo marco de seguridad, teniendo a su vez distintas repercusiones en la definición de la seguridad publica. [1]
En 1995, algunos países latinoamericanos firmaron en el marco de la Alianza para el Desarrollo y el sistema de integración centroamericana, un Tratado que en su articulado fija entre otros, el fortalecimiento del poder civil, el pluralismo político y la libertad económica; la vigencia del Estado de Derecho; el fortalecimiento y perfeccionamiento constante de las instituciones democráticas en cada uno de los Estados; el principio de subordinación de las Fuerzas Armadas, de policía y de seguridad a las autoridades civiles constitucionalmente establecidas; el mantenimiento de un diálogo flexible, activo y la colaboración mutua sobre los aspectos de seguridad en su sentido integral a fin de garantizar el carácter democrático en la región.
De manera que el concepto de seguridad ciudadana democrática [2] comenzó a cobrar fuerza en el lenguaje de las fuerzas de seguridad pública como marco para definir su misión institucional. Pero, la posibilidad de contar con una política de seguridad ciudadana democrática requería una serie de cambios estructurales e institucionales como también asumir que el contexto en el que se define es participativo.
En el contexto de las reformas estructurales, económicas e institucionales que repercutieron directamente en la sociedad argentina, las provincias se vieron obligadas a redefinir la política de seguridad basándose en una nueva concepción de la función policial, considerándola no sólo como una función destinada a la lucha contra la criminalidad y a la ejecución de normas penales; sino ampliando su papel, entendiendo a la policía como una agencia estatal encargada de la solución de una gama mas amplia de conflictos sociales, privilegiando un mayor nivel de contacto entre la policía y la comunidad.
Pero, para poder sustentar esos cambios en el tiempo, no solo se necesita un cambio en la función de la policía sino también en la organización y liderazgo; en su personal, reclutamiento y entrenamiento; y cambiar las bases que nosotros como sociedad hemos fijado para el desarrollo de la actividad policial.
Tanto en la provincia de Mendoza como en San Luis, la democratización, profesionalización y capacitación de la policía constituyen un principio rector de la política de seguridad, siendo los Institutos de Seguridad una de las herramientas fundamentales para el cambio en el modelo de seguridad sobre el cual se quiere avanzar.
6/08/2001
La actual problemática de la inseguridad es un fenómeno complejo y
multicausal tanto en su origen cuanto en su dinámica, y es en este mismo sentido
que deben ser formuladas las respuestas
[3] . A esta complejidad se suman otros elementos que dificultan aún más
la elaboración de políticas adecuadas, como la escasez de estudios sobre seguridad
pública existente en Latinoamérica [4] y la inexistencia de sistemas estadísticos
plenamente confiables.
Tanto en Mendoza como en San Luis, el tema de la seguridad pública se ha incluido como un asunto prioritario e impostergable, a causa sin dudas del progresivo y sostenido deterioro que la situación de seguridad ha experimentado en la última década; ya por el aumento del delito o por la disminución de las edad de las personas que delinquen o por la sensación creciente de inseguridad que rodea a la comunidad. Así, se puede afirmar que la problemática de la seguridad no sólo se evidencia en lo cuantitativo sino también en lo cualitativo (mayor uso de armas de fuego, toma de rehenes, violencia).
Habiéndose transformado el tema de la seguridad pública en una de las principales demandas hacia el Estado, se tornó imperioso que éste tomara un rol más activo en la formulación de políticas capaces de dar respuestas más eficientes; y un paso esencial fue asumir que las características del problema habían cambiado y el Estado no había sido capaz de dar una respuesta eficiente y eficaz, manteniendo estructuras y concepciones del sistema de seguridad pública, salvo iniciativas aisladas, prácticamente inmutables sin una adaptación realista. [5]
En todo sistema de seguridad pública la institución policial ha sido y será un actor fundamental para garantizar la convivencia en toda comunidad; pero en una sociedad en permanente se exige también la adaptación de sus instituciones. Por ello las profundas transformaciones que se han vivido, fundamentalmente desde el retorno a la democracia, impelen a la policía a adaptarse a las nuevas características que presentan tanto el problema de la seguridad al que deben responder, como la sociedad en la cual deben prestar el servicio de seguridad pública, el que también debe ser repensado en sus modalidades.
Por ello, en junio de 1997, se aprobó en la Provincia de San Luis la Ley Nº 5018 de Cuadro Unico Policial, la cual significó un cambio en la estructura orgánica policial, en donde la profesionalización de la fuerza policial sería la piedra angular hacia una nueva conceptualizacion democrática del oficialado, entendiendo que la formación de recursos humanos del mas alto nivel académico, tendrían en adelante la conducción de la fuerza policial.
Los aspectos principales de esta ley, hacían referencia a que todos los efectivos que revistiesen en ese momento las jerarquías de agentes hasta de sub oficial mayor sin excepción, y que tuvieran estudios secundarios completos, serían convocados con carácter obligatorio a realizar el curso de nivelación profesional, que tendría un año de duración, a partir de 1997, posterior al cual, previa aprobación, pasarían a integrar el Cuadro Unico con el grado de policía.
Asimismo, todos los efectivos que revistiesen en las jerarquías de agentes hasta la de suboficial mayor sin excepción y que no hubiesen completado estudios secundarios, tendrían como único plazo el 31/12/2002 para obtener el título secundario y someterse al curso de nivelación profesional inclusive, caso contrario no tendría derecho a ingresar al Cuadro Único y perdería el estado policial con las implicancias orgánicas, funcionales y legales que ello trae aparejado... [6] La Jefatura y Control de Policía podría adoptar los recaudos administrativos y de organización pertinente a los efectos de implementar un plan de estudio de nivel secundario a distancia, que contemplase en mayor medida la capacidad y profesionalización policial atendiendo a las necesidades emergente de la nueva política institucional.
Con respecto al ingreso, se fijó que el personal policial de Cuadro Unico se incorporaría al mismo, previo egreso de la Academia Superior de Policía. El decreto Nº 954/97, sustituyó el nombre de Escuela de Policía por el de Academia Superior de Policía, autorizándose la apertura de una nueva carrera denominada Técnico Superior en Seguridad Publica de tres años de duración. Por ley Nº 5187/99, se dispuso la creación del Instituto Universitario de Seguridad Integral, “Cnel. Juan Pascual Pringles”, dependiendo del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, tranfiriendose todo el presupuesto y las instalaciones de la Academia Superior de Policía al nuevo Instituto.
En el ciclo lectivo 2000 comenzó la aplicación del nuevo plan de estudios de la Tecnicatura de Seguridad Integral; asimismo se aprobó la reorganización académica y de conducción para el Instituto Universitario, que estaría constituido por un rector, un director académico y un director administrativo. Mediante el Decreto Nº 348/2000 se aprobó la estructura curricular aun vigente.
En octubre de 1998 la Provincia de Mendoza fue testigo y víctima de un acontecimiento que impactó profundamente en su vida institucional y que dejó al descubierto el colapso del modelo policial y de seguridad vigentes hasta ese momento, obligando al poder político a iniciar un proceso de búsqueda y formulación de esquemas alternativos; y luego a construir las bases de un consenso social y político que permitiera llevar a cabo el proceso de reestructuración necesario para su implementación. La reestructuración de la política de seguridad de la provincia de Mendoza, en general, y la policía en particular, se basó en un enfoque conceptual de la seguridad pública amplio que no se agotaría sólo en lo policial. [7]
La Policía de Mendoza, al igual que casi todas las policías del país hasta la actualidad, se caracterizaba por ser una institución con altos grados de autonomía, así, la definición de la política de seguridad pública de la Provincia quedaba delegada en la Jefatura de Policía, al igual que su planificación tanto estratégica como operativa y, naturalmente, su ejecución.
Con la ley Nº 6721, se reestructuró el régimen de capacitación; el cual se realizaba casi exclusivamente en las Escuelas de Policía (Escuela de Suboficiales y Agentes, Escuela de Cadetes y Escuela Superior), en algunos casos con un régimen de internado de fuerte acento castrense, con dirección policial.
El cambio exigía buscar una organización policial abierta a la interacción con la sociedad y lo suficientemente flexible y ágil en su capacidad de adaptación como para generar el nivel de innovación interna necesaria para responder a la compleja y dinámica problemática actual de la seguridad; siendo en este sentido el sistema de capacitación uno de los principales objetivos.
A partir de ese momento la tarea de formación del personal policial quedó a cargo del Instituto de Seguridad Publica, integrado por personal policial idóneo y docentes universitarios especializados, en el marco de un ámbito al cual la Universidad Nacional de Cuyo debía aportar su prestigio, experiencia y trayectoria académica, y en el que el Gobierno de la Provincia mantuviera la indelegable facultad de definir las características y el perfil con que se formará el futuro personal policial, determinando las necesidades cuantitativas y cualitativas que presenta la Provincia para una adecuada prestación del servicio de seguridad pública, lo que se hizo a través de una Fundación integrada por ambos actores. [8]
Hoy las provincias de Mendoza y San Luis se encuentran en medio de un proceso de construcción de un nuevo modelo policial y de sistema de seguridad pública. Y entendemos que es un proceso inconcluso porque su plena concreción es una tarea que inevitablemente se extenderá en el tiempo ya que implica cambiar estructuras y concepciones que han estado profundamente arraigadas por muchos años, con todos los conflictos que ello implica.
Pero también entendemos que la misma construcción teórica y conceptual del modelo es un proceso abierto que necesita ser permanentemente enriquecido con experiencias y con debates serios y profundos en los cuales todos los sectores, cada uno desde su perspectiva, hagan sus aportes y realicen sus críticas.
Mas allá de las diferencias existentes en cuanto a la estructura policial en cada provincia, su conducción, cantidad de policías por habitantes, estadísticas de delitos, sensación de inseguridad, etc; existe una preocupación común a ambas y a la institución policial argentina en su totalidad, y que gira en torno a la importancia que adquiere la capacitación y profesionalización del recurso humano a la hora de definir una nueva política de seguridad.
Los Institutos de Seguridad, son los ejes principales a partir de los cuales se asienta el cambio de los recursos humanos de la fuerza policial, viéndose plasmado en las nuevas currículas que intentan brindar una formación integral (preparación a nivel personal y físico) de la futura fuerza policial.
Otro aspecto relevante a mencionar es la implementación de la Licenciatura en Seguridad Publica en al provincia de Mendoza y las gestiones que en el mismo sentido se están realizando para la provincia de San Luis, atento a la necesidad de capacitación del personal policial. [9]
Lic. en Administración Pública y Ciencias Políticas Patricia A. Gorri. UNCuyo
Lic. en Administración Pública y Ciencias Políticas Viviana C. Aidar. UNCuyo
[1] Comisión Andina de Juristas: “SEGURIDAD CIUDADANA: Cambios necesarios”. Perú, Ed. C.A.J, 1999.
[2] Algunos principios de seguridad ciudadana democrática giran en torno a considerar a la democracia como marco obligatorio para el desarrollo de cualquier política de seguridad; respetar ciertos principios jurídicos fundamentales, así como garantizar una seguridad jurídica para aquellos destinatarios de dicha política; que las políticas de seguridad se estructuren alrededor de la protección de las personas, antes que en la protección del Estado; redefinición de la naturaleza de los cuerpos de seguridad como servicios de carácter civil, no militar (va mas allá de planear una desmilitarización de la estructura policial, requiriendo un esfuerzo por pensar de manera creativa lo que implica esta civilización y democratización de la policía, sobre lo cual no parecen existir fórmulas precisas o exactas); delimitación clara de las funciones, atribuciones y competencia de la institución policial, así como de otros cuerpos de seguridad que puedan existir en cada país, incluyendo las fuerzas de seguridad privada; afirmar la mayor profesionalización.
[3] Manuel Martín Fernández sostiene que "El motivo del fracaso de todos lo modelos policiales anteriores hay que buscarlo en el hecho de que en una sociedad compleja la definición de los problemas que debe abordar la policía no puede provenir de una sola fuente" ("Policía, profesión y organización: hacia un modelo integral de la Policía de España", en La Seguridad en el ámbito Local, pág. 76). Otro análisis sobre la complejidad de la actual problemática de seguridad lo realiza Herman Goldstein, "La nueva orientación policial: confrontando la complejidad" en Policía y Sociedad Democrática, Revista Latinoamericana de Política Criminal, Nº 3, pág. 117 y ss. También se puede encontrar un estudio sobre la influencia de las factores socio-económicos y las tasas delictuales en "La experiencia neoyorquina en los `90" , Revista Milenio Nº 2, pág. 21. En cuanto a los distintos tipos de respuesta frente a la problemática delictual, sus resultados y la relación con las variables socio-económicas resultan de especial interés el prefacio y primer capítulo del libro de Loïc Wacquant "Las cárceles de la miseria".
[4] Elbert, Carlos Alberto: Ideología, corrupción y excesos policiales, en Policía y Sociedad Democrática, Revista Latinoamericana de Política Criminal, Nº 3, pág. 64.
[5] Simón, Fernando, EL PROCESO DE REESTRUCTURACION DE LA INSTITUCION POLICIAL: Hacia una redefinición del rol de las instituciones policiales en el marco de los nuevos sistemas de seguridad pública. Mendoza, 2001
[6] Ley Nº 5018/97 Cuadro Unico Policial, art 92 y 93.
[7] Esta amplitud conceptual con que se encaró el proceso, excediendo el marco de lo estrictamente policial, se vio plenamente reflejada en la aprobación, junto a la Ley Nº 6722 de Policías de la Provincia, de la Ley Nº 6721 que estableció el sistema provincial de seguridad pública que contiene entre sus componentes a la Policía; en Simón, Fernando: Op. Cit
[8] Simón, Fernando: Op. Cit
[9] Sub Crio. Roy, Guillermo: Informe sobre la ley de Cuadro Unico; San Luis, I.U.S.I., 2001.