En las décadas recientes el concepto de Reforma del
Estado fue sinónimo casi excluyente de ajuste estructural. Bajo esa concepción
y debido a la profunda crisis económica de los años 80, se privilegió la
adopción de medidas tendientes a la reducción del aparato estatal, la
delegación de facultades y la descentralización con el fin de restablecer el
equilibrio fiscal. El proceso fue complementado con otro tipo de medidas como
las privatizaciones, la reforma administrativa, apertura comercial y
desregulación. El modelo del estado mínimo y casi ausente tuvo cierto grado de
universalidad en tanto constituyó una respuesta a la crisis del Estado de
Bienestar.
Actualmente como consecuencia de la globalización económica y la
revolución tecnológica surgen nuevos problemas y oportunidades que requieren un
rol innovador del Estado para dar respuesta a esos desafíos. No se trata de la
ruptura de un modelo sino de una evolución superadora que resulte funcional a
las nuevas realidades y que reconcilie la economía y la sociedad.
El Estado Argentino se encuentra hoy en la bisagra de la transición de
un modelo a otro. Diez años después de iniciado el proceso de ajuste, el
equilibrio fiscal no se ha alcanzado. Tampoco está listo para dar respuesta a
los retos que plantea el siglo XXI: competitividad internacional y crecimiento
económico con equidad social. En definitiva, la etapa del ajuste estatal no ha
concluido pero es necesario comenzar a transitar su transformación.
Grandes disparidades regionales, crisis de los estados provinciales,
desigual distribución de la riqueza, resabios del clientelismo político, falta
de competitividad, son algunos de los problemas estructurales que persisten en
la Argentina al inicio del nuevo siglo. Para
afrontarlos, más que desmantelar el Estado hay que reconstruirlo.
Los momentos de cambio y de transición resultan apropiados para el
debate de ideas. Quizás sea la oportunidad de ensayar la definición de una
agenda para la reconstrucción del Estado:
Consolidar la descentralización. Es un proceso incompleto ya que si bien se han
realizado importantes avances en la delegación de facultades a las
jurisdicciones subnacionales (provincia y municipios), hay un largo camino por
recorrer en el establecimiento de mecanismos de cooperación entre éstos últimos
y el Estado Nacional. Es necesario promover el fortalecimiento de las
instituciones provinciales y municipales pero a su vez debe haber un incremento
en el compromiso de los distintos niveles de gobierno en pos de un sistema
federal responsable. El Estado es también Provincias y Municipios.
Promover la responsabilidad. La gestión pública en todos sus niveles debe dar
preeminencia al vínculo que lo une con la sociedad, asumiendo los compromisos
que le competen
Transparencia. Ajustar los mecanismos para que los ciudadanos tengan
disponible la información sobre las acciones del Estado y hacer posible los
debates públicos sobre los asuntos considerados prioritarios para la
elaboración de las políticas públicas. Es necesario implementar mecanismos de
rendición de cuentas y de control social. Se trata de quebrar el abismo
existente entre la burocracia estatal y la sociedad.
Alentar la equidad social. El Estado debe ganar en efectividad en la promoción
de la educación, la salud, y las disparidades sociales. Debe realizarse un
profundo análisis de los recursos asignados, evaluar sus resultados e impacto,
evitando las superposiciones y superando las barreras de la estructura estatal.
Asimismo, es necesario la participación del tercer sector en la complementación
de las acciones para el desarrollo social.
Mayor participación de una sociedad. En el nuevo Estado los ciudadanos deben asumir un
papel mucho más activo sin que la participación se vea acotada al acto
eleccionario. Esta participación promueve la legitimidad de las decisiones en
un contexto complejo.
Mejorar las prestaciones. El Estado debe recuperar su función reguladora y
normativa. Está pendiente la tarea de construir la capacidad de control y
sanción de los agentes privados que prestan servicios. También una mayor
participación de los usuarios en los organismos de control, tal como lo
establece la Constitución Nacional, promoverá una mejor prestación de los
servicios.
Facilitar la competitividad y el
empleo. La economía globalizada
impone un Estado y una sociedad en condiciones de participar por la competencia
del capital y del empleo. Para ello es necesario que el Estado acompañe al
sector productivo para asistirlo en la promoción de la investigación y
desarrollo, la innovación tecnológica y el acceso al crédito del sector PyME.
En la medida que el sector productivo se vuelva competitivo, se generarán las
condiciones para incrementar el empleo.
Desde luego que la transformación del Estado
no se agota en las ideas presentadas. El Estado como articulador de las
relaciones sociales en una Red exige también un compromiso de los otros
actores. Si la sociedad argentina comprende el desafío, el Estado argentino
reconstruido, lejos de ser un mero sujeto del ajuste, podrá constituirse en una
herramienta del desarrollo económico, de la equidad social y de la
consolidación de las instituciones.
FEDERALISMO,
RESPONSABILIDAD Y GOBERNABILIDAD
La Argentina es un país federal. No
está de más recordarlo y así lo define nuestra Constitución Nacional. No es
esta la oportunidad de ensayar definiciones del federalismo pero en un intento
simplificador, podría decirse que es un esquema de distribución territorial del
poder entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales.
A pesar de nuestra tradición
federal, la historia argentina indica cierta tendencia centralista. El proceso
de descentralización que comenzó en la Argentina a fines de los años 80,
significó de alguna manera una corrección del centralismo histórico y
contribuyó a incrementar y consolidar la autonomía de las provincias; aún
cuando los disparadores para implementar esas medidas hayan tenido una
motivación fiscalista. Descentralización y federalismo aunque no son sinónimos
son complementarios.
En la Argentina el federalismo en
su dimensión política está plenamente vigente. Sin embargo, y a partir del
análisis de algunos datos que se han hecho públicos en los últimos meses
respecto de la relación Nación-Provincias, el federalismo desde el punto de
vista económico y fiscal merece algunas consideraciones.
El sistema fiscal federal de la
argentina necesita ser repensado y fortalecido y éste será sin lugar a dudas un
proceso complejo. Para ello, basta recordar a modo de ejemplo la asignatura
pendiente respecto de una nueva ley de coparticipación federal como marco
general de distribución de recursos entre la Nación y las Provincias.
El debate del federalismo fiscal y
de las consecuencias macroeconómicas de la descentralización ha surgido como un
asunto de relevancia, no sólo en la Argentina, sino en el mundo entero
especialmente a partir de la experiencia de algunas economías emergentes en las
cuales los efectos de estas medidas no fueron los esperados. En el ámbito económico,
existe un profundo debate académico acerca de cuáles han sido los resultados
fiscales del federalismo y la performance de los gobiernos regionales, y del
gobierno central en un esquema federal. Como lo señalan algunos estudios, la
excesiva dependencia de esos gobiernos de las transferencias nacionales es un
fenómeno que se da en toda América Latina, ya que se financia más de la mitad
de los gastos locales con recursos de origen nacional contra un tercio en los
países de la OCDE. También se ha detectado una ausencia en el control del
endeudamiento territorial y la falta de incentivos en la generación de recursos
propios en la medida de que éstos sean transferidos desde el gobierno central.
La Argentina no escapa a este
diagnóstico y en estos tiempos, a raíz de la delicada situación de algunas
provincias, la trascendencia que ha adquirido la problemática fiscal regional
es inédita. Algunos datos pueden ilustrar la realidad. El promedio de las 24
jurisdicciones de la relación entre deuda e ingresos es del 55,5%, alcanzando
en algunos casos, más del 100%. La coparticipación comprometida supera en
algunos casos el 60% llegando en algunos casos al 97% y la participación de los
ingresos tributarios propios en relación a los ingresos totales, salvo en el
caso de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, no superan el
35% con casos extremos con una relación menor al 10%.
No seríamos originales al plantear
que la Argentina es un país con grandes desequilibrios y disparidades
socioeconómicas, productivas y fiscales. Pero no es ocioso recordar que tras
los indicadores fiscales hay también altas tasas de desocupación, un empleo
fuertemente dependiente del sector público (el promedio para todo el país es de
57,9%); preocupantes tasas de mortalidad infantil; crecientes niveles de
pobreza; falta de competitividad y altas tasas de interés. Como podrá deducirse
los efectos no afectan sólo a las provincias involucradas en situaciones
críticas sino a la Nación toda. No sólo compromete la estabilidad macroeconómica
sino también la gobernabilidad. El caso de la Provincia de Corrientes es un
ejemplo y una alarma.
Sin embargo, sería absurdo
plantear esta situación en términos de un enfrentamiento entre la Nación y las
Provincias. No se trata de buscar culpables. Tampoco es un problema de posición
política ni mucho menos ideológica. El desafío es mejorar nuestras
instituciones y encontrar los mecanismos de interacción entre los distintos
niveles de gobierno, incluyendo a los municipios, para poder garantizar crecimiento
económico con equidad.
Las provincias argentinas tienen
hoy un grado de autonomía superior respecto a 10 años atrás. Las condiciones de
la globalización han impuesto nuevas reglas en las cuales las economías
regionales y los gobiernos subnacionales compiten por capital, tecnología y
empleo sin necesidad de intermediación por parte del gobierno central. En este
sentido la responsabilidad es mayor.
Como dice Sergio Boisier, un
estado moderno es inteligente y entiende la relación entre sus partes
como un sistema en el cual una parte interactúa con el todo y con los demás;
tal como una red. Para que los nodos de una red estén en condiciones de
participar en ella es necesario equilibrar su capacidad institucional. La
necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre los niveles proviene
de la complejidad de las relaciones de la esfera pública. Implementar
mecanismos de cooperación y coordinación horizontal y vertical pueden resultar
en un gobierno más efectivo y con mayor gobernabilidad.
En un esquema como el señalado a
cada una de las jurisdicciones y de los niveles de gobierno le son reconocidos
ámbitos de autonomía y atribuciones y en consecuencia responsabilidades e
imputabilidades. No hay federalismo sin autonomía y no hay autonomía sin responsabilidad.
Un esquema federal responsable
debe garantizar la gobernabilidad. Esta implica también disciplina fiscal y una
democracia consolidada y en este sentido, puede ser una herramienta para que se
alcancen los objetivos nacionales; que la acción tenga un criterio devolutivo a
los ciudadanos y que incremente los niveles de participación de la sociedad.
Alinear las políticas entre el
gobierno central y los subnacionales en cuestiones como la estrategia fiscal es
fundamental para otorgar coherencia, eficiencia y capacidad de respuesta para
la esfera pública en su conjunto. En esta línea, el Gobierno Nacional ha
promovido recientemente un nuevo acuerdo federal transitorio entre la Nación y
las Provincias para poder superar la crítica situación en alguno de los estados
provinciales.
El denominado Compromiso Federal
que fuera aprobado por Ley, estableció entre otras cosas, un marco de discusión
y una serie de compromisos entre ambas partes con el objetivo de otorgar coherencia,
transparencia y mecanismos de coordinación de las finanzas públicas. Incluso se
ha planteado en ese marco que el tema de la deuda provincial se abarcará
globalmente teniendo en cuenta el saneamiento de las finanzas públicas
provinciales y municipales.
Sería esta una inmejorable
oportunidad para rescatar las instituciones del federalismo. En la Argentina
las denominadas reformas de segunda generación están pendientes y la relación
nación-provincias están comprendidas en ello. Si se emprende un camino conjunto
para una gestión pública ordenada, eficiente, transparente y que nos permita
crecer, el esfuerzo debe ser conjunto entre el gobierno central, las provincias
y los municipios.
El federalismo no es una
entelequia discursiva, es un imperativo institucional y una garantía de la
gobernabilidad.
RESPONSABILIDAD PROVINCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO
El gobierno nacional ha asumido la responsabilidad de
lograr el equilibrio fiscal. Esta tarea se lleva a cabo con el convencimiento
de que es una condición previa para que la Argentina se convierta en un
país confiable, competitivo; como
requisito para bajar el riesgo país y acceder a mejores condiciones de
financiamiento, tasas de interés más bajas, en definitiva un paso previo para
la reactivación económica. Este esfuerzo involucra también a los estados
provinciales y a los municipales.
La meta del equilibrio fiscal implica la realización de un proceso de
ajuste en el sector público. En algunas provincias el ajuste será
particularmente profundo en virtud del sobredimensionamiento dicho sector.
Aquellas provincias en las que la proporción del empleo público sobre la
población ocupada es mayor al 50% esto significa un riesgo social. En un
contexto recesivo, de economías regionales en crisis, al desempleo existente
habrá que sumarle nuevas perdidas de fuentes de trabajo. De esta manera, el
proceso de ajuste adquiere otro tenor.
Como contraparte y a modo de
paliativo para los posibles efectos negativos de un proceso de ajuste fiscal en
as provincias, el gobierno nacional anuncia una serie de medidas para
reforzar los sectores productivos y
mejorar las economías regionales. Se apuesta a las PyMES a través de medidas
tales como mejorar los canales de
información sobre créditos; financiamiento; capacitación y nuevas tecnologías;
mejores condiciones crediticias para los pequeños productores; centros
regionales etc. La apuesta de las PyMES es correcta en tanto son las grandes
generadoras de empleo. En el logro de este objetivo, el gobierno nacional tiene
gran parte de responsabilidad. Pero ¿y los gobiernos provinciales y
municipales?.
Tal como
fueron anunciadas las medidas no se detecta la asignación de un rol fundamental
a los gobiernos locales. Las noticias dicen, por ejemplo: “La Subsecretaría de
PyMES creará agencias regionales”; “El Secretario de Ciencia y Tecnología
abrirá una página en Internet con información para PyMES”; “El Presidente del Banco Nación inaugurará
el primer Centro de Desarrollo Regional desde allí se proporcionará información
sobre los distintos programas que existen en el Estado”, etc.
Sin embargo, hoy el desarrollo de aun país es visto como la suma de
performances locales más que producto
de un resultado global Es bien conocido
que en las actuales condiciones de la economía mundial los caos más exitosos
de reconversión y desarrollo local se
han hecho con una participación insustituible d los gobiernos locales (Italia, España, Canadá, Reino Unido, para
citar algunos). En la Argentina muchos
gobiernos locales siguen esperando la salvación de la Nación. Hasta tanto no
sean ellos mismos los agentes dinámicos del cambio el gobierno nacional será el
único factor de éxito, o de fracaso.
Este aspecto debe adquirir un lugar preponderante en el discurso
oficial y en la agenda de gobierno. La mención de los gobiernos provinciales o
municipales se limita a su papel en el
proceso de ajuste. ¿No será la oportunidad de otorgarles un papel en la
generación de condiciones para el
desarrollo económico?.
Las ventajas competitivas que conducen a la creación de empleo son
elaboradas y sostenidas por procesos altamente localizados. Al respecto dice la
Organización para la Cooperación y el
desarrollo Económico (OCDE) “Históricamente
las agencias locales tendían a concentrarse en la provisión de un menú standard de servicios elaborado en el
gobierno central (por ejemplo: créditos, asistencia de marketing, contable,
etc.). Pero las lecciones de la descentralización dicen que el gobierno
nacional debe buscar estimular programas locales, que sean definidos por los
actores locales y cuya performance sea controlada localmente”.
En la Argentina se han gastado ciento de millones de dólares en
programas de fortalecimiento local y provincial y sin embargo, los gobiernos
subnacionales, con excepciones, no son capaces de genera las condiciones para
el desarrollo regional. Es una oportunidad que un gobierno nuevo replantee el
sentido de la asistencia de los gobiernos provinciales y locales generando
verdaderas capacidades para la reconversión y el crecimiento ayudando a
convertirse en agentes del desarrollo.
A modo de ejemplo, ¿Porqué los productores locales y las entidades
empresarias del Chaco plantean al presidente de la Nación en su visita las
falta de condiciones para poder crecer?. Cuales es el rol del gobierno
provincial? Que hizo el gobierno del Chaco (ni hablar de los municipios), para
generar condiciones favorables para el desarrollo económico, reconvertir su
economía y la creación de fuentes de empleo?. El gobierno central puede ayudar
a la economía chaqueña pero el salto y la decisión de reconversión debe
provenir del Chaco
En actual dinámica productiva y de globalización económica, el Estado
nacional es irremplazable para establecer su visión a largo plazo, sus prioridades y asegurar el cumplimiento de los
objetivos y estrategias para alcanzarlos. El gobierno nacional debe asegurarse
que esta visión sea reconocida y entendida pero son los gobiernos regionales y
locales quines mejor pueden llevarlo a cabo.
La verdadera lucha contra el desempleo es la generación genuina de
fuentes de trabajo y de desarrollo económico. En las actuales condiciones
económicas, el gobierno nacional es un socio del desarrollo local. En este
sentido, ayudar a crear las capacidades locales es una responsabilidad
indelegable. Pero los gobiernos locales no deben esperar del gobierno central
que les solucionen todos los problemas.
Un esfuerzo de cooperación y coordinación debe darse en dos sentidos:
vertical horizontal. La coordinación
horizontal implica acuerdos interministeriales sobre las políticas públicas; la
vertical, una coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Es necesario generar un foro liderado por el gobierno nacional en el
que participen los gobernadores y los intendentes. Algo así como una Alianza
para el Desarrollo, en cuyo ámbito participen especialistas y se discuta y
promueva el papel que les cabe a cada uno de la creación de condiciones para el
desarrollo económico y social y la generación de empleo.
Así como hace diez años, el tema convocante fue la descentralización,
hoy es el desarrollo económico regional. Existen organismos internacionales muy
especializados en esta temática y podría convocárselos para el debate o bien
para la asistencia es estas cuestiones.
Es buenos recordar que la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico) tiene un programa que se denomina LEED (Desarrollo Local
y Empleo). Su objetivo es fortalecer a los gobiernos locales en su papel de
generadores de empleo. Este programa funciona a través de socios locales,
públicos o privados, que generan una especie de consorcio par fomentar
iniciativas dirigidas al desarrollo local. Ya es tiempo que en la Argentina
aprovechemos este tipo de programas tal como se hace en los países
desarrollados.
HERRAMIENTA PARA LA REFORMA
ADMINISTRATIVA
Frente al problema de cómo reformar el Estado no puede
adoptarse una actitud dogmática.
Hay quienes pretenden contar con un modelo aplicable a
cualquier realidad. De esta manera el problema de cómo reformar el Estado queda
reducido a la aplicación de un conjunto de recetas válidas para cualquier
momento y lugar. Pero la experiencia enseña que estas recetas suelen ser el
camino más corto hacia el fracaso. Una estrategia de transformación de una
realidad tan compleja como el Estado, para ser exitosa debe ajustarse a un
sinnúmero de variables, desde las económicas hasta las culturales y
psicológicas.
Lo cierto es que no existen "recetas" válidas para
reformar el Estado. Existen sí, herramientas de cambios que bien utilizadas
producen efectos deseables. Mencionaré‚ algunas. La Descentralización, que
significa simplemente aproximar las tomas de decisiones del Estado, al lugar
físico donde la persona plantea la demanda. Aquí, la posibilidad de acción
funciona cuando se acuerda y financia en forma previa. Con este esquema la
decisión pasa del Gobierno Central al Poder Municipal posibilitando un más
eficaz control de gestión por parte de la comunidad. Es sabido que el Intendente,
sobretodo en localidades medianas y pequeñas, rinde cuenta de sus actos ante
los vecinos cada vez que traspone el umbral de su despacho. Este modelo de
control que se asienta en el voto del ciudadano es mucho más eficaz que el
viejo modelo centralizado del planeamiento tradicional. Pongamos un ejemplo, en
el sistema centralista, para reparar el techo de un aula de una escuela
provincial, el Director, por su vía jerárquica correspondiente solicita la
asistencia de la Dirección Provincial de Arquitectura. Esta, también a través
de sus propios canales burocráticos, envía una inspección; esta produce informe
técnico, el informe motiva una decisión política institucional, que se repare
el techo. La cuadrilla viaja a la localidad y soluciona el problema. Con suerte
han pasado dos meses desde que se detectó el problema en el techo, la
reparación resultó más cara que si se hubiera contratado en la localidad; y la
mano de obra fue de la ciudad Capital.
En el mismo ejemplo, con el modelo descentralizado que está
implementando la Administración. El Director del Colegio informa al Intendente
que ya recibió de antemano los fondos para el mantenimiento del edificio por un
convenio que firmó con la Provincia, dispone de inmediato la refacción, da mano
de obra en su propia comunidad, hace un trabajo más eficiente y con menos costo
económico.
Otra herramienta para modernizar el Estado es la
Informatización. Hoy en día cuesta más o menos lo mismo una buena máquina de
escribir con procesador de texto, que una computadora pequeña y compatible y
susceptible de ser articulada con otras en red. Ha comenzado una guerra lenta y
silenciosa contra las máquinas de escribir en la Administración para
reemplazarlas gradualmente por equipos electrónicos que actúan en lo que se denomina
redes informáticas gubernamentales. Huelga explicar los beneficios de la
herramienta en orden a la celeridad de los trámites administrativos.
La tercera herramienta útil es la capacitación de los
empleados en la organización, y no detallaré‚ aquí las ventajas de la educación
en la mejora en la calidad de los servicios que el Estado presta a la gente.
Un capítulo particular y remarcable lo constituye el
fortalecimiento de los gobiernos municipales. El proceso de autonomía real que quedará
definitivamente consolidado con las futuras Cartas Orgánicas Municipales, es en
sí el verdadero reaseguro de la continuidad institucional democrática. Se
concibe al municipio como la instancia de Gobierno con suficiente capacidad
para canalizar las demandas de su entorno en materias de su competencia, como
son la administración de los servicios públicos, fundamentalmente los que
determinan la calidad de vida en tanto constituye la base de la estructura
urbana.
Básicamente, la actuación del gobierno local corresponde a
la implementación de la política social, teniendo a su favor que, por el ámbito
espacial que comprende, la escala de los servicios es pequeña, constituyéndose
en una ventaja no solamente para la determinación de las necesidades reales de
la población, sino para el control de gestión, la atención al público, la
participación de la comunidad, y la adopción de soluciones adaptadas a las
aspiraciones específicas locales.
La autogestión local permite desenvolver la comprensión
práctica de las responsabilidades públicas y privadas en forma más efectiva,
donde la mayor proximidad entre gobernantes y gobernados en la resolución de
asuntos cotidianos, estimula la participación en el nivel micro como base
insuperable de la democracia, en cuanto sistema macropolítico. Es en este
plano, el proceso que se viene de elaboración de Cartas Orgánicas Municipales,
debe ser entendido como un paso importante en el proceso de consolidación
democrática, y en este sentido, la descentralización prepara el camino para el
ejercicio pleno de la autonomía Municipal.
ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN
El estado actual debiera ser una
herramienta idónea para la ejecución de las decisiones políticas que satisfagan
eficientemente las necesidades de la población, pero en la tupida selva
administrativa no siempre es fácil visualizar los objetivos, cuando se trata de
la correcta utilización y del mejor aprovechamiento de la información.
Las estructuras administrativas
operan dentro de compartimientos estancos en los que cada sector y nivel se
dedica a cumplir sus funciones según cada uno lo considera más eficiente, con
escasa comunicación horizontal y con una comunicación vertical que se limita a
remitir las informaciones y tramitaciones que se requieren a los niveles
centrales y superiores de conducción, y esperar que se les comuniquen las
respectivas decisiones, para aplicarlas generalmente con una actitud
conformista y pasiva.
Para revertir esta situación, se
ha generalizado en las administraciones modernas una tendencia
descentralizadora que procura eficiencia y economicidad en el acto de gobernar
con el objeto de lograr en definitiva, el mejoramiento de la calidad de vida de
los administrados, y que entre otras cosas significará desterrar el flagelo del
burocratismo que evidentemente lesiona los derechos ciudadanos. Pero desde
luego, no puede concebirse el proceso de descentralización como herramienta del
progreso, sin la necesaria centralización de datos que posibilite el proceso
lógico para mejorar la realidad evitando además el desgaste de esfuerzo. El
desarrollo tecnológico actual en materia informática, posibilita la
centralización de la información auxiliar de las decisiones y su aplicación.
Por lo tanto es comprensible que debe priorizarse, en cualquier administración,
el manejo de la información correcta, confiable, oportuna y adecuada, y para
ello es imprescindible el auxilio informático, que operado por hombres
inteligentes, evite la falta de datos, o la sobreabundancia de datos inútiles.
Es obvio señalar que sin el aporte informático, el sólo hecho de la
centralización de la información no ayuda a la mejor decisión, pues hoy, en
medio de la revolución tecnológica no es válido el lento acceso a la
información buscada en archivos, bibliotecas, centros de documentación o
sistemas integrados de información. En cambio, una administración que aspire a
ser moderna, debe, en primer lugar, priorizar los mecanismos de obtención de
referencias de la realidad; estadísticas, censos, encuestas, registros, datos,
información y conocimientos almacenados en toda clase de soportes, y que se
refieran al objeto de sus políticas; además debe priorizar también la
maquinaria informática, las telecomunicaciones, la telecopia, etc., que
posibilitarán las más rápidas y mejores decisiones y acciones de corto, mediano
o largo plazo. Pues es claro que cualquier estudio sectorial que procure la
definición de proyectos y políticas de desarrollo y modernización, requiere de
buena información por otro lado debe estar debidamente sistematizada de tal
manera que facilite el acceso al conocimiento a los efectos de planificar
correctamente las decisiones y la acción, efectuando además, su correcto
seguimiento y evaluación.
El Estado es una institución
permanente, encargada fundamentalmente de defender los intereses de la
comunidad y no podemos concebir un Estado moderno si no se basan sus acciones
en la idea de la continuidad. Por ello es importante que la información de los
administradores sea de fácil acceso. Pensemos por ejemplo en el volumen de
información que produce un solo censo de población que permite análisis de
estadísticas que hacen a la índole de la información pública. Sin la noción de
permanencia del Estado, y el fácil acceso a la información, evidentemente el
gasto y el esfuerzo son vanos. Afortunadamente, se está produciendo un profundo
cambio por la influencia de las nuevas tecnologías, la informática, las
telecomunicaciones, técnicas de reprografías, microcopía, etc., ellas
posibilitan rápidas decisiones de los poderes públicos frente a situaciones que
requieren acciones inmediatas. Nadie adquiere información por mero gusto de
almacenarla.
Veamos el problema desde la óptica
de los decisores. El administrador que consigue mejores resultados, es el que
obtiene la información adecuada que posibilite la decisión adecuada. Por ello,
es frecuente en la administración pública que el responsable de las decisiones
esté rodeado de asesores "el que sabe", y esto no siempre da buenos
resultados porque en realidad el modo más eficaz de acceder rápidamente a la
información es el contacto directo del jerarca, con los encargados de remitirla
(técnicos). Es frecuente en cualquier administración pública escuchar el
lamento de los decisores porque la información útil no circula o circula mal, y
esto ocurre por varias razones, primero porque las tácticas desconcentradoras o
de descentralización no se planifican debidamente ya que deben ir acompañadas
de la formación y reubicación del personal capacitado para interpretar
correctamente a la información; segundo, por la existencia de la división
horizontal debido a la especialización, que se puede superar a través del
análisis interdisciplinario de la información; y tercero, por las estructuras
jerárquicas pétreas, lo cual el hombre de Estado puede superar fomentando
circuitos de circulación de la información por canales informales que derroten
a las barreras jerárquicas.
Debemos profundizar un concepto,
cuando decimos que es necesario centralizar la información para acompañar un
proceso de descentralización de las decisiones para regionalizar la
administración de las políticas, esto no significa acumulación de información,
sino coordinación, integración y clasificación de la información, para que esta
sea un válido auxiliar de las decisiones políticas. La mera acumulación es
irrelevante pues la información envejece. Es muy necesario generar bases de
datos dinámicos que se puedan utilizar para la gestión cotidiana y para la
planificación a corto, mediano o largo plazo.
En realidad, todo debe ser un proceso
integrado, donde los responsables de las decisiones obtengan la información
necesaria de los órganos administrativos encargados de la obtención y/o
análisis, para luego, a partir de la diagramación de las políticas, transmitir
las decisiones a los órganos de aplicación, tanto las decisiones originales
como aquellas que son fruto de la evaluación y el seguimiento. Todo ello en
forma coherente y planificada.
LA CAPACITACION EN LA REFORMA DEL
ESTADO
En la Administración Pública, se
considera que el camino hacia el desarrollo de las organizaciones se sustenta
en la calidad de colaboración de su gente, y la calidad se logra sólo con
capacitación adecuada.
Uno de los pilares fundamentales
de las Reformas Administrativas que comienzan a generalizarse en América Latina
son los Programas de Capacitación del personal, y tienen implicancia variada:
significan por un lado, la creación de mejores condiciones operativas para la
consecución del fin de la organización, esto es, procurar el bien común en el
caso del Estado; significan también la obtención de eficacia y economicidad en
el acto administrativo; pero también implican mejoramiento de la calidad de
vida laboral de sus integrantes.
El gran problema que afrontan los
capacitadores es la necesidad del cambio de la cultura organizacional,
principalmente la adaptación y el conocimiento de las innovaciones permanentes
de las nuevas técnicas de gestión que demanda la gerencia eficiente. Objetivos
y directivas claras, recursos humanos, tecnologías y políticas presupuestarias
adecuadas, son la base instrumental del cambio en la efectividad de la
organización. El desafío actual implica la necesaria planificación que, en
materia de recursos humanos estratégicos, comprende el proceso gerencial de
identificación de las necesidades organizacionales y el consiguiente desarrollo
de políticas, programas, sistemas y actividades que satisfagan esas
necesidades, a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta asegurar el
cumplimiento de los objetivos de la institución y de su continuidad bajo
condiciones de cambio.
La administración se encuentra hoy
en crisis. Los decisores importan tecnologías de gestión que consideran
exitosas, pero generalmente estas copias derivan en fracasos, pues es improbable
que la transpolación de experiencias produzca resultados esperados cuando
conceptualmente difiere la identificación de las necesidades y objetivos de la
organización. Las capacidades y habilidades esperadas deben definirse
operacionalmente atendiendo a las características propias de la institución y
su entorno, para luego priorizar el desarrollo creativo de tecnologías propias
de gestión y sólo excepcionalmente complementarlo con experiencias ajenas.
Uno de los problemas centrales en
materia de capacitación gira en torno de la búsqueda de mayores y mejores
niveles de calidad y ésta, nunca debe estar disociada del principio de la
equidad en la distribución de los beneficios que en materia de eficacia y
eficiencia personal produce la capacitación desde el punto de vista de su
implicancia en el mejoramiento de la calidad de vida laboral del propio
involucrado.
Debe comenzar a analizarse en las
estructuras administrativas, principalmente públicas, la incorporación de
metodologías de procesos de calidad total, venciendo no sólo el retraso
tecnológico y de información adecuada, sino desarrollando una nueva cultura
global coherente de la estructura y de su gente. Esto seguramente permitirá en
corto tiempo detectar los estilos de comportamiento de conducción, analizar
actitudes para su corrección, predecir comportamientos de acción futura y en
definitiva concretar un plan de transformación a través de la acción de
capacitación que asiente duros y mortales golpes a la cultura del burocratismo.
Acciones éstas, que habrá que dirigir en primer lugar a los decisores o
funcionarios para que el personal directivo de la institución obtenga una
sólida base de conocimientos sobre la gestión, estratégicamente considerada,
pues es obvio que recién después de comprender cabalmente la dinámica del
proceso de gestión puede iniciarse el proceso de toma de decisiones, que sobre
buenas bases de información determinan los correctos actos administrativos,
máxime en un ambiente cambiante y altamente complejo como el que afrontamos en
esta década que demanda claridad de propósitos y objetivos, agilidad de
respuesta y buen manejo de situaciones límite.
El cambio de la cultura
organizacional sólo puede darse en el marco del concepto de capacitación
permanente como proceso continuo determinado fundamentalmente por la finalidad
primordial de mejorar la calidad de vida, porque una sociedad como la nuestra,
inmersa en una situación de crisis, está perdida si no genera innovaciones en
sus modelos de gestión, y en sus pautas de comportamiento administrativo
concretando formulaciones programáticas para resolver problemas. Es una tarea
difícil renovar nuestro estilo de gerencia pública porque nosotros mismos somos
parte de la dificultad.
En la administración provincial
han comenzado a producirse cambios estructurales: la descentralización
administrativa, la coordinación de los sistemas de información y documentación,
y sobre todo, la paulatina incorporación de las herramientas tecnológicas
adecuadas, principalmente de naturaleza informática, así lo demuestran. Pero
todo el gasto y el esfuerzo será vano si este proceso de cambio y modernización
no se asienta en una sólida base de gerenciamiento, que sólo puede lograr la
capacitación adecuada porque el conocimiento, la habilidad y la actitud sólo se
logran a partir de ella.
El rol más importante de la
capacitación en la organización es estar presente ante cualquier decisión que
implique cambios, pues se logra a través de ella que los protagonistas, de
todos los niveles, manejen y acepten las innovaciones con actitud positiva y
armónica. De esta manera estamos mejor preparados para obtener los resultados
satisfactorios para la organización y para la gente. Así se vence el temor al
riesgo, se logran cambios actitudinales, se comprenden mejores situaciones y
perspectivas, se aceptan los cambios y las innovaciones y, desde luego, se
desarrollan mejores conocimientos, técnicas y potencialidades, optimizando la
gestión y aprovechando correctamente los recursos.
Una forma de encarar nuevas bases
de capacitación es entender, desde los decisores, que aquella no se da en un
ambiente neutro y que no puede ser analizada como un factor libre de contexto,
sino que, interdisciplinariamente, debe brindarse integrando los contenidos
formalmente aceptados por la organización con los nuevos que se pretenden
introducir para producir cambios deseables. Para capacitar adultos, y cambiar
una realidad administrativa, los capacitadores deberán practicar métodos cada
vez más creativos e innovadores, fundamentalmente a través de dinámica de
grupos y modalidad a distancia, cuando las circunstancias lo demandan.
El desarrollo de nuevas técnicas
imaginativas y expresivas permiten utilizar experiencias de aprendizajes que
proveen oportunidades para incentivar habilidades latentes, tanto en los
capacitadores como en los alumnos.
Es real que los formadores están
familiarizados con el aprendizaje experimental usando principalmente dinámica
de grupos como actividad central, pero también es real, principalmente en el
sector público, que no hay total predisposición a practicar métodos más
creativos e innovadores de trabajo en grupo. Métodos más activos como el
"Role Playing" por ejemplo, requieren mayor decisión y compromiso por
parte de los docentes. Obviamente esta necesidad de arriesgar comportamientos
nuevos por parte de los cuadros de formación se vincula íntimamente con la
mejor conciencia gerencial que debe desarrollarse en los jerarcas, decisores,
gerentes y funcionarios. Y lograr esto, para la Administración Pública es el gran
desafío de la década. Comienza a considerarse a las personas en la estructura
administrativa como recursos estratégicos. Este concepto nuevo, cuando se lo
analiza en el marco de crisis económicas como la que vivimos nos obliga a
desarrollar la Administración Participativa, que fomenta en las personas
actitudes de búsqueda de la calidad de vida laboral con pleno cumplimiento de
las misiones y funciones de la estructura. Y esto sólo se logra, con
creatividad e innovación, desde la capacitación permanente.
Otro aspecto de la problemática de
la capacitación es el trauma resultante para las organizaciones de los cambios
de personas que se operan en las cúpulas en períodos de transición.
Generalmente los involucrados en las tareas técnicas y operativas de la acción
de capacitación se resignan pasivamente hasta esperar instrucciones de los
nuevos directivos. Esta discontinuidad programática resiente seriamente el
fenómeno educacional. En este punto, la experiencia internacional de las
organizaciones modernas enseña que lo esencial es garantizar, desde la
arquitectura normativa, la continuidad de los planes de capacitación de tal
manera que resulten de cumplimiento ineludible para los flamantes gerentes o
funcionarios, máxime cuando provienen de fuera de la propia organización. El
cómo lograrlo es también un desafío abierto. El punto de partida es
indudablemente artesanal y librada a la incipiente conciencia de los
responsables, de todos los niveles, de la capacitación; pero será
imprescindible en esta década contar con una ley federal de capacitación que
regule la actividad.
Ya existen anteproyectos que se
analizan en diversos círculos, incluso se analizan modelos avanzados como el
chileno que dan buena respuesta a ésta problemática de la continuidad. Otro
aspecto es la capacitación y concientización "ab initio" de los
decisores que permite una rápida internalización de la cuestión que se traduce
generalmente en prontas decisiones de continuidad de programas. Pero lo central
es la consolidación de los equipos permanentes conformados por los cuadros
medios de las organizaciones. Al respecto, es aconsejable dar prioridad a la
formación de monitores y a la gestión de la capacitación, en definitiva a la
capacitación de los capacitadores. Solamente un decisor necio y ciego abortará
planes y programas de beneficios obvios.
El capital humano y la información son la clave para la
productividad organizacional. El líder debe ser consciente que las habilidades
se adquieren o potencian con conocimientos, y éstos marcan la diferencia entre
los jefes efectivos y no efectivos. En orden a los procesos de reforma
administrativa, los líderes comienzan a comprender que el conocimiento es un
recurso indispensable; que la horizontalización de funciones en algunas áreas
es mejor que la estructuración jerárquica rígida; que la innovación y la
capacitación emprendedora son claves para la organización y, que las
habilidades gerenciales deben ser mejoradas para afrontar los períodos de
crisis.
A menudo se incurre en el error de
considerar que la capacitación es sinónimo de cursos, talleres y seminarios, y
este error bastardea el concepto de capacitación permanente. Búsqueda de
certificados inútiles y desprovistos de contenido, cursos obligatorios que
condicionan ascensos, aburridas recetas extrapoladas de otras realidades a
veces ni siquiera afines; y otras, lisa y llanamente la falta de conciencia
sobre la importancia de la capacitación, son los principales enemigos de los
modernos modelos de gerencia eficiente. No hay recetas válidas, pero sin duda
la clave del éxito de la capacitación permanente no formal de adultos está en
partir de la formación de formadores en todos los niveles de la organización,
decisores, cuadros medios y personal de ejecución.
Las condiciones están dadas para
producir resultados deseables. La calidad de vida laboral se ha convertido en
un objetivo por derecho propio, la tecnología de información permite hoy que
los conocimientos estén disponibles, los vertiginosos cambios socio económicos
y políticos impulsan al desarrollo de la creatividad y la imaginación, y la
conciencia de la capacitación comienza a internalizarse en las organizaciones,
en forma progresiva, lenta y gradual. Y en esto, el sector público tiene mucho
que aprender de las empresas privadas. A este respecto los programas de
capacitación deberán tener presente la enorme experiencia adquirida por los
capacitadores enfrentando contratiempos y solucionando situaciones.
En síntesis, la capacitación permanente
es una indispensable e ineludible herramienta de gestión que garantiza
resultados tangibles en calidad organizacional e individual desde el punto de
vista laboral. Es impensable la Reforma Organizacional, como dinámica de cambio
permanente.
MUNICIPIOS
SALUDABLES
En general los funcionarios
municipales tienen un rol importante en la dinámica social pues deben
garantizar un equilibrio entre el excesivo control central y el irresistible
riesgo de atomización que plantean los procesos de desconcentración y
descentralización. Para controlar armónicamente el proceso de delegación de
funciones hay que crear un ámbito cultural propicio que posibilite la
innovación, creando sistemas de organización, estructuras y estrategias que
alienten y posibiliten los cambios. Sólo la imaginación pone límites a la
creatividad en el desarrollo del poder local como verdadero garante directo de
la calidad de vida de los ciudadanos.
Rousseau escribió que el gobierno
local es el ámbito de capacitación para el desarrollo democrático.
Hoy, en América Latina está más
vigente que nunca aquella expresión visionaria pues los procesos de
democratización en la región han repercutido directamente en los municipios. La
descentralización y las transferencias de servicios son prueba de ello. Pero
esto ha generado nuevos problemas a resolver. El más grave de todos es la falta
de previsión en materia de financiamiento. Los organismos donantes
internacionales como el BID o el Banco Mundial ya avizoraron estas dificultades
y sólo financian actividades que contribuyan a crear gobiernos locales más
abiertos, eficaces, que respondan mejor a las necesidades de la gente, y que
realicen la participación ciudadana con base comunitaria. Esto ha ocurrido
porque ha comenzado a abordarse la problemática local desde una perspectiva
global o mundial.
En los sistemas excesivamente
centralistas no hay disposición a asumir los riesgos para introducir
innovaciones con medidas concretas que den respuesta a las necesidades de
bienestar de la población.
La descentralización es el
instrumento más idóneo para asegurar una mejor democracia, pero la democracia
en sí es una utopía sin participación de la comunidad.
Los municipios deben entender que
los gastos pueden ser inversiones para lograr un futuro más próspero cuando se
hacen en educación, salud, nutrición, planificación familiar y lucha contra el
flagelo de la pobreza. Para promover el cambio de actitud en la realización de
los proyectos debe ser muy amplia la gama de protagonistas, políticos,
empresarios, gremios, asociaciones intermedias, etc.
En la actualidad los nuevos
sistemas de información y la orientación hacia el mercado han permitido que
muchos municipios se estén adaptando rápidamente a las cambiantes necesidades; y
el desarrollo humano sostenible se alcanza eficazmente a través de la
descentralización política. No obstante, en estos procesos hay que prever los
riesgos potenciales, como por ejemplo el abuso de autoridad, la corrupción y la
incorrecta distribución de la riqueza.
Para evitar estos problemas, nada
mejor que facilitar la participación, promover la flexibilidad del gobierno
frente a los cambios y las demandas de los vecinos, asegurar el pluralismo, y
aumentar la obligación de las autoridades de rendir cuenta a los ciudadanos.
En los últimos años están
ocurriendo cambios extraordinarios en el mundo latinoamericano. Primero, una
considerable transición hacia la democratización política y una mayor
obligación gubernamental de rendir cuentas. Crecientes demandas ciudadanas y
movilización de organizaciones vecinales, van perfeccionando las calidades de
los gobiernos locales. En segundo lugar, se analizan y buscan soluciones a los
problemas económicos por conducto del mercado libre, desregulaciones, privatizaciones,
reducción de barreras arancelarias, etc. Y el tercero de los grandes cambios es
el interés creciente en la descentralización de las administraciones, y una
ampliación y fortalecimiento de la capacidad local para la gestión pública. La
descentralización en este contexto es un importante factor democratizador pues
los regímenes centralizados con frecuencia fueron dictatoriales, y todos
sabemos que la máxima de Lord Acton es absolutamente válida: “el poder
corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Actualmente desde el norte al sur
de América hay un interés creciente en fortalecer la gobernabilidad local,
alentar la descentralización de las funciones públicas, estimular la
participación cívica, y aumentar la diafanidad del gobierno y su obligación de
rendir cuentas.
Uno de los canales fundamentales
por donde circulan los intereses de la sociedad civil son los partidos
políticos y las asociaciones intermedias de la comunidad, tales como Centros
Vecinales, Sociedades de Fomento, Clubes de Jubilados, Cooperativas,
Cooperadoras, etc.
Su importancia es resultado de que
estén organizados para influir sobre el medio en el cual actúan. Por ejemplo,
cuando los vecinos se organizan para afrontar problemas de seguridad, entablar
una forma de cooperación que influye sobre la vida de la comunidad y, por ende,
pasan a ser parte de la sociedad civil.
Resulta obvio afirmar que la
relación entre la sociedad civil y el gobierno municipal es beneficiosa para
ambas partes que se retroalimentan y fortalecen.
El gobierno municipal
descentralizado puede ser un elemento importante para facilitar una sociedad
civil activa y plena de energía. Cuando más descentralizado sea un gobierno y
cuanto más fuerte sea la capacidad para la gobernabilidad local, tantas más y
mejores oportunidades existirán para el surgimiento de la sociedad civil
organizada. En este sentido, la legislación local, la política del gobierno, y
la práctica administrativa pueden tener efectos profundos en la llamada
“comunidad organizada” para desempeñar roles activos en la función pública.
Este surgimiento de las instituciones intermedias en la sociedad civil crea un
verdadero pluralismo, factor vital del desarrollo democrático.
Por otro lado, la obligación de
rendir cuentas debe permitir a la gente común la verificación sobre el
comportamiento de los líderes políticos y los funcionarios gubernamentales
asegurando de este modo mayor transparencia.
Las experiencias más modernas
indican que es necesario abordar toda la gama de las deficiencias burocráticas
reformando y “aggiornando” la gestión pública; reorganizando los sistemas de
prestación de servicios públicos.
Pero, para ello es menester
propender a un cambio de actitudes y comportamientos y actuar con absoluta
transparencia desde el poder político.
La transparencia es sinónimo de
integridad, es gobernar sin tener nada que ocultar, es estar dispuesto a
someterse a controles.
Es
necesario asumir la responsabilidad pública, rendir cuentas, informar y formar
al ciudadano, y mejorar la calidad de la gestión pública desde gobiernos
locales hialinos.
LA PARTICIPACIÓN COMO CLAVE
ESTRUCTURAL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
La
participación es un proceso a través del cual un grupo de ciudadanos interactúa
relacionado con el poder local y coparticipando las tomas de decisiones. Los vecinos deben aunar esfuerzos para
contribuir en la resolución de los problemas básicos de la comunidad y el
Gobierno Municipal debe coadyuvar a ese esfuerzo. Para que esta articulación
ocurra, debe existir voluntad política de los gobiernos municipales, pero
además debe haber también iniciativas concretas de la comunidad organizada,
fundamentalmente a través de los Centros Vecinales.
El líder político de la Administración debe dar para facilitar la
participación, y la comunidad también debe dar par que se produzca la
articulación necesaria para que acontezca la real participación en un
emprendimiento conjunto ente pueblo y gobierno. Ello implica redefinir roles y
funciones de ambos lados El impacto que se logra en las experiencias positivas
de participación se traduce en desarrollo económico, social o cultural, y en
todo caso, en mejor calidad de vida para el vecino y mayor eficacia en la
gestión pública.
Para que este importante fenómeno de consolidación democrática y
fortalecimiento del poder local se de efectivamente, contribuyen entre otros
los siguientes componentes. Decisión
política de hacerlo, un marco legal adecuado para el desarrollo de la
experiencia concreta, la capacitación de los actores involucrados. La previsión presupuestaria y financiera, la garantía de
continuidad asegurada desde el decisor, el respeto estricto por la
particularidades regionales, la concentración previa entre las partes, la
participación real y efectiva de los vecinos, y el seguimiento o monitoreo de
la experiencia en desarrollo. Entre los obstáculos principales, que deben vencerse, destaco los siguientes, entre
otros. La incomprensión por parte de los dirigentes del gobierno o de la propia
comunidad, la falta de flexibilidad de muchas normas, la fuerte tradición
centralista y las barreras culturales, la imprevisión presupuestaria, los
liderazgos negativos y meramente clientelista, y la utilización autocrática de
las herramientas participativas.
Es importante crear las condiciones para que suceda la convergencia
democrática y difusión. Con estos
elementos puede comenzar una experiencia de participación comunitaria con el
Municipio o la comuna.
La participación comunitaria se transforma en estructural cuando se
incorpora a la planificación o micro planificación municipal y adquiere visos
de permanencia.
Es necesario
comenzar a plantear los conceptos de post descentralización y estas ideas
nuevas deben generarse en el propio seno de los gobiernos locales. Me atrevo a
plantear la noción de recentralización. Los Municipios, con participación de
las organizaciones comunitarias, tienen que comenzar a definir nuevos centros
de atención de las necesidades vecinales por fuera de los muros de los propios
municipios en orden a la real desconcentración de funciones. En las ciudades
grandes y medianas deberán conformarse verdaderos “mini Municipios” que,
dependiendo de las unidades centrales presten servicios más directos a la
sociedad. Para que ello se dé, debe delegarse suficiente capacidad de gestión y
de decisión a aquellas unidades desconcentradas que deberán ubicarse
estratégicamente en las ciudades, fortaleciendo la propia identidad barrial,
favoreciendo el desarrollo y el progreso. Para lograr esto debe redefinirse el
rol del Gobierno Municipal y la mejor oportunidad para hacerlo es el proceso
que se está iniciando de elaboración y dictado de las Cartas Orgánicas
Municipales, verdaderas Constituciones del poder local. Hay que generar una
nueva institucionalidad, más moderna y más participativa. Hay que definir con
claridad la escala de lo local para de esta forma acotar el ámbito del
Municipio y de la participación comunitaria. Por ejemplo, tarde o temprano se
va a municipalizar la Educación, este proceso sólo podrá realizarse con éxito
si de antemano se garantiza la participación comunitaria. Sólo así, calar hondo
en la sociedad y ser verdaderamente democratizante e irreversible. El Estado
actor social de Francisco Delich debe involucrar también, al Gobierno
Municipal. Esta base conceptual le permitirá al poder local interactuar en el
desarrollo social y hasta económico, a escala regional, provincial o incluso
nacional.
A partir de la
autonomía cesar gradualmente el paternalismo de los Gobiernos Regionales sobre
los Municipios. En este proceso el rol principal les cabe a los partidos
políticos que deberán tener una dinámica clara en los ámbitos locales. El
dirigente político aporta a la organización social una visión estratégica que
debe desarrollarse más en función del rol municipal.
La crisis de
representatividad de los partidos políticos en el ámbito local es compartida
tanto por la Comunidad y los Departamentos Ejecutivos, como por los Concejales,
y es un reflejo directo de un laberinto donde todos los actores se pierden. La
democratización del poder local, objetivo mayor de la estrategia de Reforma del
Estado, devolver competencias y responsabilidades al Ejecutivo, el Legislativo
y al ciudadano, pero no se resolverá sin revertir aquella crisis de
gobernabilidad a la que hago referencia. Accesibilidad, transparencia,
efectividad y responsabilidad son los temas prioritarios de una práctica
pública transformadora para la cual el cambio de este cuadro histórico proveerá
el punto de partida. Es necesario crear un nuevo formato organizacional
comprensible, donde la población tenga acceso a informaciones, procedimientos y
actos de gobierno, como los que se difunden a través del Banco de Experiencias
Municipales cuyas bases metodológicas fueron provistas por IULA y su Capítulo
Latinoamericano. Esto permite que la participación popular se dé en forma
efectiva en la gestión urbana, donde los servicios municipales garantizan la
mejor atención de los derechos del ciudadano y donde se establece la real
posibilidad de la gobernabilidad en su plenitud democrática, reivindicando en
esto el rol de los partidos políticos en la esencia misma de la arquitectura
democrática de la sociedad.
Descentralización,
accesibilidad, transparencia, efectividad y responsabilidad, determinarán la
lógica de la nueva matriz y posibilitarán saber a dónde ir para obtener,
discutir, influenciar y comentar sobre informaciones y servicios. Transparencia
para saber quién hace, quien planifica y quién decide, Efectividad, para medir
los resultados reales de las acciones públicas y su impacto en la vida social.
Responsabilidad, para poder exigir de los agentes públicos que rindan cuentas
de sus acciones, identificar las fallas y aplaudir los logros. Para todo ello
es necesario que en el marco municipal desconcentrado se creen centros claros
de decisión y responsabilidad cuya función pueda ser rápidamente comprendida
por la población y cuya actuación pueda ser avalada por los mecanismos de
representación democrática.
Obviamente la
implementación del modelo desconcentrado requiere de la elaboración de toda una
estrategia que debe considerar no sólo los problemas estructurales sino también
las variadas tecnologías administrativas creando un amplio programa de
desarrollo y progreso, que atienda fundamentalmente las demandas sociales de la
población y en particular de la comunidad organizada.
La ciudad no
es sólo la morada de sus habitantes. Es el centro de las actividades
económicas, políticas, culturales, etc., donde convergen intensas
contradictorias configurando su identidad local o regional. Es un escenario de
confrontaciones cotidianas, de lucha por el sustento, de las conquistas
sociales, y de preservación del medio ambiente, al mismo tiempo es un centro
generador de avances y de cambios dinámicos.
Le cabe al
Gobierno local administrar esa complejidad, heterogeneidad y turbulencia de la
vida urbana en toda su dimensión, imprimiéndole al mismo tiempo una
direccionalidad política que se expresa en el plano de la acción de gobierno,
en sus directrices y metas, en la forma como define sus prioridades y
administra los recursos, medios y esfuerzos.
En el modelo
tradicional y aún vigente en nuestras ciudades no hay suficiente participación
popular. La maquinaria administrativa está organizada de una manera altamente
centralizada, con funciones de órganos diferentes que se superponen, tornando
las responsabilidades difusas y complejas. Por ello las administraciones no
tienen todavía la necesaria transparencia para que la población pueda acceder
al conocimiento y ejercer sus derechos cumpliendo sus obligaciones. Por otro
lado, al estar el poder de decisión sólo en los órganos centrales y más altos
de la estructura, difícilmente el ciudadano medio resiste la larga
peregrinación burocrática para llegar a los centros del poder. El antídoto es
la descentralización y también la desconcentración.
El nuevo
camino para superar este anacronismo se está transitando de a poco. Aún no
existe bibliografía suficiente donde estudiar este fenómeno, que es el resultado
de conquistas democráticas en casi toda América Latina. En mi opinión debe
observarse con detenimiento el proceso de post descentralización que se realiza
en la Municipalidad de la ciudad de Córdoba.
Aquí, el
gobierno Provincial (regional) está descentralizado concertadamente con el
poder local y éste está creando centros distritales que son verdaderos
“mini-municipios” en lugares estratégicos, donde la comunidad recibirá atención
directa. Esto, a más de eficiencia y economicidad, permite mejorar el control
de gestión que el ciudadano puede y debe ejercer sobre los actos del
funcionamiento municipal en tanto este actúa en servicio de aquel en el manejo
de la cosa pública.
Es importante
destacar que esta desconcentración que se hace en Córdoba no significa dividir
la ciudad en partes autónomas, sino respetar las cuestiones regionales y
barriales por su especificidad, produciendo mayor interacción entre la
población y el gobierno local, buscando respuestas más rápidas de la maquinaria
administrativa, y la mayor transparencia y fiscalización de sus actos. Esta
desconcentración presupone delegación de poder decisorio para la coordinación
de los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos, preservando
los principios y directrices del Gobierno Municipal, garantizando el
cumplimiento de sus planes, programas y metas.